ADE : Crisis, liberalización y privatización de la actividad teatral

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Un deslizamiento, un prejuicio y un error

Alberto Fernández Torres

Al igual que en otros sectores de la actividad económica, culturales o no, la crisis ha generado en el entorno teatral una serie bastante variada de argumentos, hipótesis y estados de opinión. Se han entrecruzado en ella cuestiones de lo más diverso.

Revista ADE – Teatro, No 125
ABRIL-JUNIO 2009

Fachada del Teatro Principal
de Zamora

Una de ellas es la supuesta constatación de que la crisis no está teniendo efectos negativos sobre la asistencia al teatro, sino incluso al contrario. Bien es verdad que se trata de una constatación que, en el momento de escribir estas líneas, no ha sido sustentada aún públicamente por estadística alguna de fiabilidad y alcance suficientes (lo cual no ha sido óbice para que, al calor de este supuesto fenómeno, se hayan deslizado hipótesis algo temerarias sobre la ausencia de correlación entre renta disponible y asistencia al teatro).

Otras hipótesis, incluso también en ausencia de datos, tienen apariencia de mayor solidez, como es el efecto negativo que la crisis está teniendo sobre la liquidez del sistema teatral por una doble vía: en primer lugar, muchos ayuntamientos –agentes muy relevantes en el terreno de la exhibición– estarían pagando tarde o nunca a las compañías contratadas, produciéndoles así graves problemas de viabilidad económica; en segundo lugar, la contención o reducción de los presupuestos de las tres administraciones públicas –un fenómeno que suelen empezar por los eslabones más débiles, cual es la actividad cultural– estaría dando lugar a un progresivo deterioro del volumen total de recursos destinado a la producción directa, a la programación o a la financiación de la actividad teatral.

Justo es decir que desde el sector privado se han lanzado algunas sugerencias razonables para hacer frente, siquiera parcialmente, a estos últimos problemas, como la posible pignoración de las cantidades adeudadas por los ayuntamientos, la creación de fondos de créditos blandos o de avales, etc. Pero también lo es que, en el calor del debate, se ha arrojado sobre la mesa alguna que otra propuesta que conlleva un censurable deslizamiento: el argumento de que la mejor manera para hacer frente a los efectos de la crisis sobre el teatro sería proceder a la liberalización o privatización del sector.

Peligrosa tendencia

Prescindamos de momento, por la dictadura de espacio que impone esta sección, de extendernos sobre la peligrosa tendencia que se registra en nuestro sector a considerar –al menos en el uso “normal” de los términos– que privatización y liberalización son la misma o parecida cosa. Aun cuando, por los problemas de espacio que se acaban de aludir, haya que dejar el debate para mejor ocasión, limitémonos a soltar una “boutade”: en términos económicos estrictamente ortodoxos, el sector teatral español está completamente liberalizado, pues no hay en él restricción legal o regulatoria de ningún tipo que impida o dificulte al libre ejercicio de la actividad privada en cualquier de sus vertientes. Lo que sí hay en él es un grado muy elevado de presencia pública, bien por la actividad directa de las tres administraciones, principalmente como agentes productores o exhibidores, bien por su papel como financiadores o programadores de buena parte de la actividad teatral. Se podrá argumentar que, dada la estrechez manifiesta del mercado, esta acentuada presencia pública dificulta o condiciona la entrada de nuevos agentes privados, así como la mayor presencia y actividad de los ya existentes (argumento que, por cierto, se ve fuertemente cuestionado por los hechos en determinados segmentos, como es el caso de la producción). Concedido. Pero seguirá siendo cierto que, al revés que en otros sectores de la vida económica, no existe ningún obstáculo legal o regulatorio para que ello se produzca.

Cosa diferente es el caso de la privatización, terreno en el que hay un amplio margen. Sin embargo, advirtamos que, al menos de momento, lo que se sugiere es más bien una privatización “light”. No una privatización a fondo, como Dios manda: por ejemplo, que los activos tanto materiales como intangibles del Teatro Principal de Zamora o de la Compañía Nacional de Teatro Clásico –son sólo ejemplos, perdón por señalar– sean vendidos a empresarios privados mediante concurso público y previo pago del correspondiente y millonario “justiprecio”. No. Lo que se plantea es una privatización de la gestión parcial o total de los servicios de ese tipo de entidades. En definitiva, no una privatización del capital público, sino de su gestión; lo que es tanto como decir una cesión de negocio público a agentes privados.

No puede haber en ello motivo de escándalo, al menos en términos absolutos. Si los muy liberales bancos han solicitado la inmediata intervención de los poderes públicos para que se les saque de la crisis, los agentes privados del sector teatral están en su derecho de proponer que las administraciones públicas les cedan parte del negocio actualmente existente (la gestión de parte o de todos sus servicios) para paliar así los problemas de liquidez que esas mismas administraciones están generando. Sin embargo, lo que no es de recibo –y de ahí el deslizamiento– es renunciar a plantear la propuesta como una medida paliativa de la crisis –que consistiría, insistamos, en una cesión de mercado por parte de las administraciones públicas a los agentes privados– y argumentarla en cambio como una solución globalmente deseable en todo momento y lugar, fundamentada en la especie de que la gestión privada de esos servicios conduciría inexorablemente a una mayor calidad, a unos menores costes y a una mayor eficiencia en el suministro de los mismos a los ciudadanos.

De esta forma, el deslizamiento opera sobre la base de un doble prejuicio: ése que asevera que la gestión pública es siempre ineficiente, derrochadora y burocrática, mientras que la gestión privada es siempre eficaz, ágil y rentable. Es seguro que quienes sostienen tal argumento podrán encontrar, fuera y dentro del sistema teatral, abundantes ejemplos que lo ilustran. Pero no lo es menos que la historia, dentro y fuera del teatro, aporta una cantidad probablemente no menor de ejemplos que probarían que la gestión privada suele estar atenta prioritariamente al beneficio empresarial, tiende a primar los objetivos comerciales sobre los culturales, y abandona la actividad cuando vienen mal dadas; mientras que la pública suele poner por delante el interés social, prima la calidad artística por encima de los intereses comerciales, y persevera con peor o mejor fortuna incluso cuando el aire le viene en contra. Seamos serios: no puede sostenerse que los fallos recurrentes de la gestión pública (o privada) son consustanciales a su naturaleza; y que, sin embargo, los que aquejan a la gestión privada (o a la pública) son errores accidentales ajenos a lo más profundo de su esencia. O todos moros, o todos cristianos.

Hay, sin duda, una tercera vía argumentativa, que resulta conciliadora, bienintencionada y hasta razonable: abogar por una solución mixta. Bien está. Pero si admitimos, como parece intelectualmente de rigor, que tanto la gestión pública como la privada conllevan en su propia naturaleza ciertas tendencias centrípetas bastante negativas, habremos de recordar esa vieja conseja que advierte que del cruce de un galgo y un podenco puede salir un impresionante animal con la velocidad del primero y el olfato del segundo; pero también un bicho lamentable con la velocidad del segundo y el olfato del primero (y, si el lector piensa un momento en algunos ejemplos de gestión que se dan en el sector escénico español, verá que, en el fondo, los principios supuestamente públicos y privados se entremezclan desordenadamente más de lo que parece, dando lugar con frecuencia a engendros del segundo tipo citado).

Doble prejuicio

Por último, conviene señalar que ese doble prejuicio es un buen ejemplo de un error conceptual bastante repetido en el medio teatral español: confundir los terrenos de juego con lo que realmente está en juego. Público y privado no son, “strictu sensu” y en el límite, más que dos ámbitos o terrenos de juego en cada uno de los cuales pueden darse buenos y malos ejemplos de buena gestión. Es cierto es que uno y otro conllevan, por su propia naturaleza y estructura, ciertas tendencias –favorables y desfavorables– que es necesario gestionar en cada caso concreto. Pero pretender que existe una supremacía moral u operativa, de carácter general y absoluto, de uno sobre otro da lugar casi siempre a un debate muy cansino y bastante superado en el terreno económico. Lo importante, lo que está en juego, es conseguir que se desarrolle una gestión eficaz, desde el punto de vista social, cultural y económico, de los recursos finitos que hay en cada uno de los proyectos existentes o posibles en el sistema teatral; que esto se haga mejor desde el ámbito público, privado o mixto, dependerá en cada caso del proyecto concreto, de sus objetivos y de los agentes que hayan de llevarlo a cabo, aplicando las medidas correctoras que sean pertinentes en cada uno de ellos.

En todo caso, en terminología “antigua” (que no vieja), hay que evitar el error de pensar que la contradicción principal se dirime entre los terrenos de juego (público o privado) y no entre lo que está en juego (una gestión bien o mal orientada en lo cultural, lo social y lo económico). Hace 40 años, Sweezy y Bettelheim nos los explicaron muy bien cuando debatieron sobre el plan y el mercado. No caigamos por enésima vez en la contumacia de no querer aprender del pasado.

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