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José Silva

María Martín, víctima del franquismo.

Con ochenta y un años, María Martín se desplaza con dificultad hacia el interior del Tribunal Supremo. Es hija de una mujer desaparecida en 1936, que podría estar enterrada bajo la carretera 501, a su paso por las cercanías de la localidad abulense de Arenas de San Pedro. Lleva décadas caminando hacia aquel lugar, desde que con apenas seis años vio por última vez a su madre. Antes de entrar a declarar en el juicio contra Garzón por el franquismo, ella sentencia con su voz profundamente susurrada: “Vengo a este funeral sin muerto”.

Por primera vez en la historia un tribunal del Estado español ha escuchado el relato de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar del general Francisco Franco. Ha sido en el marco del juicio contra Baltasar Garzón por haber intentado investigar la desaparición de 113.000 hombres y mujeres civiles, y eso representa y explica la pasividad del poder judicial a la hora de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para los peores crímenes cometidos en nuestro pasado reciente.

Según Amnistía Internacional somos la segunda potencia mundial en desaparición forzada, detrás de Camboya. Las inmensas violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura y sus irrelevantes consecuencias tras la muerte del dictador han lastrado nuestra cultura política y empobrecido la calidad de nuestra democracia. La impunidad se ha convertido en un hábito para algunos sectores económicos y políticos, un refugio que permite a quienes cometen determinados delitos mantenerse al margen de la ley.

La represión franquista y los cuarenta años de violenta propaganda convirtieron al Estado español en un gran escenario con millones de actores. Unos interpretaban que no eran verdugos, que no habían utilizado la violencia, que no habían asesinado a decenas de miles de civiles; otros interpretaban que no eran víctimas, que no se habían significado políticamente, que no querían seguir sufriendo. En ese sentido, los familiares de los desaparecidos tuvieron que cavar una fosa dentro de su propia memoria y esconder en ella el recuerdo de los crímenes que habían presenciado o parecido. Lo hicieron para proteger a sus hijos, para esquivar la violencia.

Cuando llegó la transición, las élites franquistas aprovecharon su superioridad para pilotar el proceso político desde sus intereses. Se trataba de mantener la representación ficticia de la dictadura; aquí no hay verdugos ni víctimas; o como ha declarado en algunas ocasiones Rodolfo Martín Villa: “con la guerra perdimos todos”.

Aun así hubo un intento por crear un Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo. Se trataba de un proyecto apoyado por numerosas personalidades de diferentes ámbitos, entre ellos actores como Ovidi Montllor, Pepa Flores o la francesa Delphine Seyrig. En diciembre de 1978 los promotores del tribunal celebraron su primera reunión en un hotel de Madrid y fueron detenidos.

Mientras, desde diferentes ámbitos políticos y académicos se comenzó a construir un mito que explicaba que la Constitución de 1978 sellaba la reconciliación de las dos Españas y se añadía que fue un encuentro posible gracias a las numerosas renuncias y a la capacidad de sacrificio mostradas por ambas partes. Lo que nadie ha podido explicar son las renuncias de las élites franquistas que conservaron todos sus privilegios sociales, políticos y económicos, salvo que quienes defienden esa ejemplaridad ­asumieran el discurso de que todas esas élites renunciaron a vivir en una dictadura.

Durante muchos años esa élite franquista disfrutó en democracia de las mieles de la amnistía, el silencio y el miedo, en un país que vivía como si no viera las consecuencias del pasado, como si más de 113.000 familias no tuvieran desaparecido a un ser querido, como si decenas de miles de bebés no hubieran sido secuestrados y entregados a instituciones y familias católicas, como si decenas de miles de personas no hubieran sido obligadas a esconder su vocación o su profesión para convertirse en meros supervivientes.

El comienzo de las exhumaciones

Cuando con la llegada del siglo XXI comienzan las exhumaciones de fosas comunes, las denuncias ante el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las reclamaciones al Estado de responsabilidades con respecto al pasado franquista, el silencio, el miedo y la impunidad comienzan a debilitarse. Pero el momento en el que la oligarquía franquista siente realmente amenazados sus privilegios es el 16 de octubre de 2008, cuando el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se declara competente para investigar los crímenes de la dictadura.

La reacción posterior y la expulsión del juez de la Audiencia Nacional explican el poder que conservan desde diferentes ámbitos políticos y judiciales quienes formaron parte directa e indirectamente de esas élites.

Las evidencias de esa defensa activa de la impunidad llevaron a un grupo de familiares a presentar una querella ante la justicia argentina el 14 de abril de 2010. Buscaban la aplicación del principio de justicia universal, aunque hubiera que hacerlo a miles de kilómetros. En estos casi dos años se han sumado a la querella más familiares de desaparecidos y colectivos como la Unión de Actores, que ha apoyado la iniciativa contra el fin de la impunidad, como otros actores y actrices hicieron en su día con el intento de crear un tribunal cívico.

En profesiones como la vuestra hubo mucha persecución, muchas vocaciones prohibidas, muchas personas obligadas a no ser quienes eran, a renunciar a lo que querían hacer o a no poder hacerlo. Personas que fueron forzadas a ser otras, a no poder realizarse, a esconder su deseo de vivir de la interpretación, que ya era bastante riesgo en un país con tantos déficits culturales.

El que llaman proceso de recuperación de la memoria histórica tiene que ver con la aparición ante la opinión pública de todo lo callado, de todo lo reprimido, de todo lo silenciado. Se trata de construir justicia social, cultural, política y judicial. Trabajar contra la impunidad es hacerlo para mejorar la democracia, para profundizarla, para que dejen de ser enterrados como padres de las libertades quienes no hicieron nada por ellas. Se trata de dejar de vivir en la ficción del relato histórico del franquismo para hacerlo en el de la realidad de una democracia; de pasar del mito al logos. Y ése es un esfuerzo de toda la sociedad, porque en el proceso de búsqueda de la justicia hay una catarsis que produce y extiende una cultura política profundamente democrática; la misma que quisieron para nuestra sociedad los hombres y las mujeres que están en las fosas, y que no se merecen funerales sin muerto.

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