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Ignacio Martín

Una reforma constitucional es siempre un asunto complejo dado que la norma suprema del ordenamiento regula la vida pública del Estado, por lo tanto sus normas no se incardinan en el terreno estrictamente jurídico. La reforma impuesta por el Partido Socialista y el Partido Popular debe analizarse desde diversos puntos de vista, pero para este artículo me centraré únicamente en las tres caras que considero claves para entenderlo: la cara política de la reforma, su sentido económico y su forma jurídica. Como en cualquier estudio de ciencias sociales es importante entender que detrás de cada punto analizado se encuentran los otros, que de forma indisoluble le dan sentido a la sociedad; es decir que en el porqué político la economía es fundamental, al igual que lo jurídico, y así con cada uno de los aspectos. Esta diferenciación es una herramienta que nos permite el entendimiento de la cuestión de forma más sencilla.

La reforma constitucional es, al menos en su forma, un cambio jurídico en la norma más importante de la que se dota el Estado de Derecho. La Constitución tiene dos funciones fundamentales que son la de estructurar los derechos de los ciudadanos y la de organizar el aparato institucional del Estado. En ambas funciones el papel de la Constitución es establecer sus líneas básicas, como si de un edificio se tratase. El resto del ordenamiento jurídico, junto con relaciones no jurídicas pero igualmente importantes, es lo que le da al Estado el aspecto final, el que observamos diariamente al ejercitar nuestros derechos o relacionarnos con los diferentes órganos estatales.

La reforma del artículo 135 se integra dentro de lo relativo a la economía y la hacienda en el Estado (Título VII). Esto es importante señalarlo por la mínima incidencia real del Título VII en el ordenamiento jurídico, como bien demuestra el artículo 128, el cual abre el título:

“1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Por tanto, estamos ante un artículo situado en una de las partes menos importantes de la Constitución.

Además la estructura formal del artículo propuesto es realmente deficiente, al encontrarnos con uno de los artículos más complejos de la Constitución. Con un primer apartado que habla de la estabilidad presupuestaria (déficit cero), para posteriormente referirse a la existencia de un déficit estructural existente, el cual lo marca la UE pero se establece en una Ley Orgánica. En los siguientes apartados, un total de seis, el texto constitucional vagará entre las referencias comunitarias, las estatales y las autonómicas, creando un modelo de establecimiento del déficit más complejo que el actual basado en una norma supranacional de obligado cumplimiento, el tratado de la Unión Europea y la Ley de Presupuestos del Estado.

El sentido de la reforma

Económicamente el sentido de la reforma es bastante controvertido por su carácter contracíclico, es decir, que no es una cuestión sobre si el Estado debe poder no pagar sus deudas, sino si en momento de crisis económica y de empleo, el Estado debe iniciar una fase de recortes y reducción de la inversión. En este sentido se han situado muchos economistas, algunos de ellos ganadores del Premio Nobel de Economía, como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Dean Baker.

Es curioso que sea España, de forma tan apresurada, uno de los primeros Estados europeos que constitucionaliza el techo de gasto, máxime cuando somos el Estado de la UE-15 (los primeros 15 Estados que formaron parte de la Unión Europea, los cuales coinciden en los datos económicos generales) que menos invierte en gasto público por habitante.

Económicamente por tanto es una reforma que controla el gasto público en un Estado donde ya esta más que controlado, por no decir limitado, en un momento en que la iniciativa privada se encuentra estancada, llevando a miles de familias a la desesperación del paro forzado, en un tiempo de recesión económica, lo cual se establece como una de las excepciones a la norma constitucional en el apartado 4, junto a las catástrofes naturales y las situaciones de emergencia extraordinaria.

Por tanto, ¿por qué una reforma que se puede suspender en una situación como la actual y que no se aplicará al completo hasta 2020 se tiene que aprobar tan deprisa?

Pues parece que es el requisito que impone el Banco Central Europeo para que en el caso de que España caiga, al igual que ha pasado en Irlanda, Grecia y Portugal, seamos dotados de crédito europeo. Es por tanto un chantaje operado desde las instituciones económicas supranacionales que, al igual que ocurrió con la (nonata) Constitución europea, somos uno de los primeros países en implementar.

Esto lejos de ser un reflejo del europeismo característico de la sociedad española tiene más que ver con un sistema político que favorece el turno de partidos entre el Partido Socialista y el Partido Popular, con unas cortes que limitan el poder de las minorías y permiten el gobierno por rodillo. Un modelo que permite eliminar el debate en la esfera pública, aprobando la reforma en agosto y en 15 días, y en la esfera parlamentaria mediante el veto, no a las enmiendas presentadas, sino al debate sobre las mismas.

Un sistema político que niega la acción de la ciudadanía, que está especialmente activa tras el 15 de Mayo, y la cual no será preguntada por la reforma de forma directa, mediante referéndum, o de forma indirecta, esperando a ver que ocurría en las elecciones que tendrán lugar dentro de dos meses.

Por tanto esta reforma parece más una norma de excepción que una modificación de la norma básica del ordenamiento. Una regla de excepción que se presenta junto a un Real Decreto que elimina el límite para encadenar contratos temporales (una norma que de forma excepcional limita los derechos de los trabajadores) y que se realiza de espaldas a la ciudadanía y las minorías parlamentarias.

En este sentido cabe destacar que la ciencia política señala a la normativa de excepción como una característica fundamental de la dictadura (en el sentido de que es contraria a un Estado de Derecho), una dictadura partitocrática y al servicio de unos entes abstractos, los mercados, tras los cuales se esconden las grandes empresas, de las que curiosamente son consejeros, tras haberse retirado de la política, Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (News Corp).

Así que tras esta reforma no creo que tardemos mucho en ver con cuánto se premia realizar un golpe de Estado por orden del régimen económico mundial al Estado social.

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