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Ignacio Corcuera

Como todos sabéis, ya que no se ha hablado de otra cosa en los últimos meses en los medios de comunicación, el parlamento, a instancia del Gobierno, aprobó el pasado 18 de septiembre de 2010 la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que constituye una reforma laboral de gran calado, que además ha sido claramente regresiva respecto de los avances obtenidos por los trabajadores en los últimos treinta años.

Sin perjuicio de la valoración política y sindical que pueda hacerse desde la Unión de Actores, con este artículo vamos a intentar informaros sobre los aspectos más relevantes de la reforma para vuestro trabajo, proponiendo medidas de actuación a seguir para paliar los potenciales efectos negativos de la misma.

Aspectos relevantes de la reforma

No pretendemos realizar un informe exhaustivo de la norma, pues hay aspectos de la misma que, aun siendo polémicos y graves, no van a tener una trascendencia significativa en nuestro sector.

Debemos destacar, en primer lugar, la regulación de una práctica que, siendo ilegal hasta la fecha, tenía sin embargo gran presencia en el ámbito del trabajo artístico, y que no es otra que la presencia de las agencias de intermediación.

Efectivamente, conforme a la normativa previa a la reforma, no era legal la contratación de artistas (generalmente figurantes) por una empresa (generalmente una agencia de representación) para ponerlos a disposición de otra empresa (la productora), abonando a los trabajadores una ínfima parte de los beneficios obtenidos por la agencia de intermediación por la puesta a disposición, que en ocasiones no llegaba a cubrir siquiera el mínimo del convenio.

Conforme a la nueva regulación legal, esta práctica puede llevarse a cabo, si bien mediante la constitución o la asociación a una empresa de trabajo temporal, que será la responsable de los pagos en materia de seguridad social y salarios. Debéis recordar, en todo caso, que la retribución que habréis de percibir, así como la cotización que deberá hacer la ETT, será la misma que percibiríais de trabajar directamente para la empresa, esto es, la referencia seguirá siendo la del convenio de teatro o audiovisual.

Otro punto relevante es el relativo a la posibilidad de inaplicar las previsiones salariales del convenio. Éste es uno de los puntos más polémicos, y potencialmente más dañinos para los trabajadores, de la norma pues supone, de facto, la posibilidad de que las empresas eviten los mínimos salariales del convenio, pagando salarios por debajo de los mínimos.

Esta posibilidad, que estaba prevista en la normativa vigente anterior a la reforma, si bien de una manera restringida y muy compleja para las empresas, se agiliza en este momento al permitir ahora a las empresas bajar los salarios mediando únicamente un acuerdo con los trabajadores, negociado directamente con miembros de la plantilla (elegidos por el resto de trabajadores), o con representantes de los sindicatos más representativos y del sector.

El consejo que os damos, en caso de encontraros en una situación parecida a la que os describimos, es que os pongáis rápidamente en contacto con la Unión de Actores, evitando acceder a la pretensión de la empresa para que designéis representantes entre vosotros, para que, con la intervención y el asesoramiento del sindicato, podáis plantar cara a la empresa y defender adecuadamente vuestros derechos.

Una cuestión que, aun no siendo habitual en nuestro sector, puede tener un impacto relevante, es la relativa a la flexibilización y moderación de las causas que permitirían a la empresa la adopción de medidas encaminadas a extinguir contratos de trabajo por causas económicas, ya sea mediante despidos individuales, ya sea mediante un expediente de regulación de empleo.

En efecto, éste es uno de los puntos más polémicos de la nueva norma, que supone, en la práctica, la posibilidad para las empresas de extinguir (o reducir la jornada, junto con el salario) contratos de trabajo en casos de que (y cito textualmente) “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”. Todo ello sin perjuicio de que, además, se simplifique el proceso para extinguir los contratos, (preaviso de 15 días, en vez de 30, etc.).

¿Qué supone en la práctica esta reforma para los artistas? Sin perjuicio de que debamos esperar a que los tribunales se pronuncien sobre este punto, podemos adelantar que, en un mercado tan variable como el del teatro o el del cine, bastaría con acreditar el descenso del nivel de ingresos derivados de un espectáculo para proceder al despido de uno o varios miembros del elenco de actores.

Es por ello que os animamos a que, si intuís que la empresa está preparando una medida extintiva como la descrita, acudáis al sindicato a informaros sobre cómo actuar, pues aunque la ley ha devenido desfavorable para los trabajadores, no por ello han de tener los empresarios las manos libres para despedir a sus trabajadores a su antojo, ya que siempre podremos intentar acreditar, por ejemplo, que la situación económica desfavorable ha sido provocada por la empresa para evitar el pago de las indemnizaciones previstas en los distintos convenios.

La prestación de servicios de los dobladores tiene carácter laboral

Desde la asesoría jurídica queremos hacernos eco de una sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 16 de julio de 2010, en la que el Tribunal Supremo deja claro, de modo definitivo, que la labor de los trabajadores del doblaje debe considerarse laboral, con el consiguiente deber de cotizar para la empresa, la ventaja para el acceso al desempleo, etc.

La sentencia, un auténtico estudio sobre los elementos que definen el carácter laboral de una relación artística, contiene razonamientos muy valiosos que resultan de aplicación, no sólo para los trabajadores del doblaje, sino también para todos los artistas que prestan servicios en empresas dedicadas, por ejemplo, a la producción discográfica, relacionadas o no con el trabajo actoral.

De momento, una primera ventaja de esta sentencia para los dobladores es la posibilidad de actuar contra las empresas que les hayan dado trabajo en los últimos cuatro años, obteniendo una cotización adicional que tendrá, a buen seguro, ventajas tanto en términos de desempleo como en términos de jubilación, prestaciones para mayores de 52 años, etc.

Para terminar, reiteraros que estamos a vuestra completa disposición en la asesora jurídica de la Unión de Actores, tanto para resolver las dudas que pueda surgir respecto de la reforma laboral, como para resolver cuantas cuestiones puedan surgir con relación a vuestra actividad profesional. Sería muy interesante que hicierais llegar vuestras consultas mediante correo electrónico, a los efectos de continuar en el próximo número explicándoos los efectos de la reforma laboral, teniendo en cuenta vuestras dudas y sugerencias.

No puedo menos que incidir en la necesidad de que acudáis a la Unión para informaros sobre vuestros derechos, pues es posible que algunos empresarios decidan ampararse en esta regresiva reforma laboral para intentar imponeros condiciones de trabajo injustas o no adecuadas al convenio, por lo que conviene que, ahora más que nunca, seáis conscientes de vuestros derechos y de la necesidad de actuar conjuntamente.

Otro aspecto que no debemos perder de vista es la introducción, en los servicios públicos de empleo e intermediación laboral, de empresas privadas, lo que, de facto y a expensas de estudiar el desarrollo de su actividad en el futuro, supone un añadido elemento de presión a los trabajadores desempleados, que podrían verse obligados a aceptar cursos de formación o puestos de trabajo no acordes con el puesto de trabajo que desempeñaban en el momento de ser despedidos.

Decíamos que estamos a expensas de comprobar cómo se desarrolla la actividad de estas empresas de búsqueda de empleo e intermediación laboral, por cuanto, si bien conforme a la anterior normativa las consecuencias de rechazar un curso de formación o un puesto de trabajo son las mismas que conforme a la nueva ley, la intervención de estas empresas puede suponer un plus de presión para los desempleados.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que en la reforma se regulan aspectos relacionados con el trabajo temporal que son aplicables al trabajo del artista, en atención a la naturaleza básicamente temporal de las prestaciones de servicios.

Así, en el caso de los contratos temporales, la Ley 35/2010 prevé un aumento paulatino de las indemnizaciones a abonar a los trabajadores al termino de los contratos temporales, siendo actualmente de 8 días por año trabajado, para terminar siendo, en el año 2015, de 12 días por año trabajado.

Por último, queda por conocer cómo van a aplicar los tribunales las medidas relativas a la lucha contra la contratación temporal en el caso de los artistas, en el caso, sobre todo, de los contratos por obra o servicio determinado (esto es, mientras dure un espectáculo, por una película, etc.). Así, la nueva norma prevé que tendrán una duración máxima de 3 años, pasando a partir de este momento a tener la consideración de contrato indefinido.

Todavía no está clara la aplicabilidad de esta previsión, en principio loable pues tiene por objeto aumentar la contratación indefinida, en el caso de la actividad artística, pues, al decir de la jurisprudencia, el trabajo artístico es esencialmente temporal, y viene inaplicando las normas contra el fraude en la contratación temporal en el caso de los artistas.

La reforma paso a paso

Se agilizan y flexibilizan las causas y procedimientos para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Se agilizan y flexibilizan las causas y procedimientos para la adopción de expedientes de regulación de empleo por las empresas, facilitando en gran medida su práctica.

Se posibilita que las empresas puedan inaplicar las previsiones sobre salarios reguladas en los convenios colectivos, sin necesidad que en el mismo se prevea tal posibilidad.

Se regulan por primera vez las agencias de intermediación.

Las ETTs podrán colaborar con el Servicio Publico de empleo Estatal en la formación y colocación de los parados.

Se endurecen las medidas contra la concatenación de contratos temporales.

Se limita la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado.

Se aumenta, progresivamente, la indemnización a abonar por la empresa por la terminación legal de un contrato temporal: de 8 a 12 días por año.

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