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Julián Chamorro

En la actualidad jurídica de estos días se han producido novedades que por la implicación que van a tener para el colectivo de actores y actrices, y en general para el de artistas, junto con otras decisiones políticas que también afectarán directamente al empleo en todo lo relacionado con el audiovisual (resoluciones en materia de subvenciones y reforma en la financiación de la corporación de radio y televisión española), queremos reseñar en estas notas, sin perjuicio de que por la trascendencia que en su momento tengan, habrá motivos suficientes para ocupar la atención de todos en el desarrollo de las actividades sindicales de la Unión de Actores.

Me refiero en primer lugar a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala I, de lo Civil, de 18 de febrero de 2002 sobre propiedad intelectual, en cuanto el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes a obtener una renumeración equitativa por cada acto de comunicación al público de las grabaciones audiovisuales en las que se fijen sus actuaciones.

Renumeración

Esta importante sentencia decide que el derecho a la remuneración equitativa, reconocida por la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, para los productores de una obra audiovisual, no es incompatible con el derecho de los artistas intérpretes a percibir una remuneración equitativa de la propia productora, pues ésta puede actuar con un doble carácter: como productora de la obra y como usuaria de la comunicación pública de la misma en el caso de que ésta se realice por la propia productora y no mediante la autorización a un tercero.

Queda reconocido así que el derecho a la remuneración equitativa de los artistas se mantiene con carácter irrenunciable, también respecto de aquellas utilizaciones que realiza la propia productora y no un tercero. Para su efectiva garantía se interpreta que esta remuneración sólo puede verse garantizada mediante una gestión de carácter colectivo, incompatible con una negociación individual por parte de los artistas intérpretes, que haría imposible el cálculo. Es incompatible también con la posibilidad de la renuncia por parte de los artistas en el momento de la contratación con la productora, por su situación de inferioridad; y por la falta de previsibilidad de tales derechos, que dependen en gran medida de acontecimientos inciertos, fundamentalmente del éxito en la explotación de la obra, lo que privaría a los titulares del disfrute de tales derechos, en contradicción con el propósito contenido en la ley y, dice literalmente la sentencia, con los principios que informan la economía del arte en la economía actual.

Por último, respecto de la determinación de dicha remuneración, no puede aceptarse el cumplimiento obligado de las tarifas generales que las sociedades de gestión comunican al Ministerio de Cultura, ya que la ley no atribuye a la administración facultades de aprobación de tarifas. Se remite a un proceso negociador, manteniendo vedada la imposición automática de los criterios de la sociedades de gestión de forma unilateral, y decidiendo que, habida cuenta que la remuneración equitativa debe fijarse con criterios de equidad, es más equitativo el criterio de efectividad de uso del repertorio de la sociedad de gestión correspondiente, que el criterio de disponibilidad o cuantificación en función de los rendimientos de explotación de las empresas.

Proyecto de Ley de Financiación de la Corporación de RTVE

El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, de 5 de junio de 2009, publicó el Proyecto de Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, remitido por el Gobierno y para su trámite por el procedimiento de urgencia, conforme a los artículos 148 y 93 del Reglamento, lo que implica una previsible rápida aprobación parlamentaria y promulgación de dicha norma, con mínimos retoques. La ley pretende replantear la financiación de la corporación RTVE, con criterios de regulación de la competencia con las televisiones privadas, desde la consideración de servicio público del organismo, lo que en definitiva, supone la pérdida para RTVE de los ingresos derivados de la publicidad, que serán sustituidos por otros recursos, fundamentalmente los que dimanan de los presupuestos generales del Estado y las aportaciones de operadoras de telecomunicaciones y las sociedades concesionarias y prestadoras del servicio de televisión de ámbito estatal o superior al de una comunidad autónoma.

Con la nueva ley cambiará radicalmente el modelo de televisión pública, hasta ahora beneficiaria de la parte más suculenta de la llamada “tarta publicitaria”, por otro modelo que la priva de tales recursos, como sucede en otras televisiones públicas de nuestro entorno político y cultural. Es imposible prever las consecuencias que de manera general va a tener el cambio de modelo, que pudieran ser evaluadas en discusión ideológico-política, incluso, sobre la necesidad o no de establecer prudentemente plazos para llevar a la práctica esta decisión de cambio. Nos corresponde, por ahora, en todo caso, señalar la importantísima repercusión que va a tener este cambio en el mercado de la producción audiovisual, ya que previsiblemente desaparecerán las producciones públicas, al menos en los términos en que hemos venido conociéndolas a lo largo de estos últimos años, trasladándose fundamentalmente a las producciones directa o indirectamente controladas por las televisiones privadas. Si en la actualidad resulta difícil ejercer la acción sindical y la defensa de los derechos de los actores y actrices participantes en la producción audiovisual española, por razones tanto históricas, como por la propia naturaleza de la empresarialidad del sector, deberemos estar muy al tanto en el futuro, cuando primen definitivamente criterios de rentabilidad económica sobre los de servicio público que, al menos teóricamente, estaba obligada la RTVE tradicional.

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